Si se escucha a los trabajadores y sus representantes, las medidas anunciadas por Sergio Tomás Massa son muy poco alivio a la devaluación impuesta por el FMI y su impacto sobre el poder adquisitivo de sus ingresos.
En cambio, una docena de gobernadores, un nutrido lote de intendentes y las principales cámaras patronales piensan que es mucho más de lo que están en condiciones de pagar.
Para La Nación es «una bacanal de gastos». Un artículo firmado allí por el coautor de la fábula de los Cuadernos Fénix, Diego Cabot, sostiene que «la billetera electoral está desatada». Carlos Pagni en el mismo diario considera que las medidas «son una señal de subordinación absoluta a Cristina Kirchner y a La Cámpora». Y Marcelo Bonelli en Clarín atribuye a laVicepresidenta la autoría ideológica de la decisión. Nada de eso es cierto: cuando Máximo Kirchner planteó el aumento de suma fija en la semana del atentado a Cristina, hace un año, la suma era de 50.000 pesos de entonces en un solo pago, que equivaldrían a más de 100.000 actuales. Nada que ver con dos bonos de 30.000, cuando la inflación corre a dos dígitos por mes.
En la celebración del día de la industria, en Entre Ríos, el presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, dijo que no compartían la medida, «pero una cosa es no compartir y otra es no respetar, porque somos respetuosos de la ley”.
Ocurre que Massa ya había recibido el informe de coyuntura realizado por el centro de investigaciones económicas CIFRA, de la CTA, lo cual le permitió hablar claro con la patronal: el informe firmado por Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti sostiene que los 60.000 pesos que deben pagar sin ayuda estatal en dos cuotas para los trabajadores cuyos salarios netos sean inferiores a 400.000 pesos, implicarían para las empresas mediano-grandes un desembolso de unos 218.000 millones de pesos. Esto equivale al 1,2% de las transferencias de ingresos del trabajo al capital que tuvieron lugar durante los últimos años.
Desde que gobierna Alberto Fernández, el trabajo transfirió al capital ingresos por 70.000 millones de dólares, a los que debe sumarse casi la mitad de esa cifra durante la gestión de Maurizio Macrì, hasta un total de 101.000 millones de dólares. Esto se debió a un crecimiento espectacular de la rentabilidad de las grandes empresas oligopólicas. Los balances de los principales grupos económicos agrupados en la Unión Industrial exhiben una altísima rentabilidad sobre ventas en la primera parte de 2023:
- Ternium, del Grupo Techint, (30,3%),
- Aeropuertos Argentina 2000, de la Corporación América (28,3%),
- Arcor (12,8%),
- Molinos Río de la Plata, del Grupo Pérez Companc (9,6%).
Devolver el 1,2% de esas transferencias no es un esfuerzo excesivo.
Con la “suma fija”, el salario promedio real de los trabajadores registrados en el sector privado en septiembre seguiría 13% por debajo al de noviembre de 2015, cuando concluía el gobierno de Cristina.
El desplome salarial con Macrì y Alberto.
El paquete de medidas intenta volcar recursos a la economía por el equivalente a 0,53% del PIB (de los cuales el costo fiscal es de 0,4% del PIB). Esta suma enfrenta la devaluación posterior a las PASO pero no basta para revertir la crisis previa de ingresos que derivó en un resultado electoral adverso. Pese a ello, este liviano paquete ha despertado la ira del co-gobernante FMI, al que Massa comparó con el síndico de una quiebra. El chileno Rodrigo Valdez y el venezolano Luis Cubeddu dicen que eso no era lo convenido con Massa, cuya salud mental ponen en duda. Según cálculos oficiales, el paquete completo implicará un 0,5% del PIB, cuando el gobierno se comprometió ante el FMI de que el déficit no pase del 1,9%. Sumar y restar son más antagónicos que ministro y candidato.
La presentación de Carlos Melconian en Córdoba como hipotético ministro de Economía de la presunta Presidenta Bullrich fue dedicada a desacreditar a Milei. Dijo que su programa es realista, práctico y no dogmático. «No estamos frente a un salto al vacío”. Al día siguiente anunció la incorporación del ministro de Finanzas del gobernador y candidato presidencial Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, cuya especialidad profesional es descomer. Esto ratifica que hay intereses económicos que prevalecen sobre los alineamientos partidarios. Sobre todo en esa provincia, donde la Fundación Mediterránea es reverenciada por todas las ramas del cordobesismo.
Los encuentros de Milei con Luis Barrionuevo y Gerardo Martínez, en los que exploró la posibilidad de generalizar el seguro de desempleo de los trabajadores de la construcción, promulgado por Videla y Martínez de Hoz en 1980, muestran que una parte de la CGT está dispuesta a acudir en auxilio de la victoria. Con esos puntos de apoyo, el candidato espera contrarrestar la segura oposición de la CTA, la Corriente Federal y el Frente Sindical por el Modelo Nacional. Es una vieja historia, que el peronismo conoce bien desde 1955, cuando la CGT calló ante el derrocamiento de Perón, pero decretó la huelga general cuando Aramburu desplazó a Lonardi.
Tal vez por la terrible experiencia de los años 1976 a 1983, el peronismo tiene una tolerancia extrema a las diferencias internas, que no se traducen en rupturas como la de Perón con Montoneros hace medio siglo. Pero esta unidad de los dirigentes no impidió otra fractura, horizontal y no vertical, por la que el electorado le dio la espalda a la dirigencia, en las elecciones de 2021 y las PASO del mes pasado. Si esto se confirmara en octubre y noviembre, estaríamos ante un punto de inflexión histórico.
Antes de decidir qué rol asumiría en los dos tramos electorales que faltan, la Vicepresidenta CFK decidió esperar el anuncio de las medidas paliativas que estudiaba Massa. No está complacida por el resultado. También sintió el impacto de las elecciones en Santa Cruz, donde se registró el mayor porcentaje de voto en blanco del país, con casi el 30%. Esta semana se cumplió el primer aniversario del atentado en el que salvó la vida solo porque la bala no estaba en la recámara y el disparo no salió, y diez días más de la conclusión del hiperbólico alegato del fiscal Diego Luciani. Los demás partidos de la democracia argentina no quisieron tomar conciencia de la gravedad de lo sucedido. Menos de tres meses después, el Tribunal Oral Federal inhabilitó a Cristina a perpetuidad para ocupar cargos electivos. La querían presa o muerta. Y no han cambiado de opinión desde entonces.
Cristina renunció a cualquier candidatura, para evitar males mayores al peronismo, como quedarse sin representación en pleno proceso electoral. No obstante, su apoyo a la candidatura de Massa está fuera de discusión, y sólo resta definir cómo, cuándo y dónde se hará manifiesto.
Por Horacio Verbitsky
El Cohete A La Luna
