La Legislatura de Córdoba cuenta con 70 bancas y se rige por un esquema de virtual empate técnico desde el inicio de la gestión actual, donde el oficialismo y la oposición mayoritaria operan al límite del quórum y de las mayorías simples.

• Hacemos Unidos por Córdoba (Oficialismo): 33 bancas propias.

• Juntos por el Cambio / Interbloque opositor (UCR, PRO, Frente Cívico): 33 bancas.

• Bloques minoritarios / Unipersonales: 4 bancas (La Libertad Avanza, Encuentro Vecinal Córdoba, Frente de Izquierda, y monobloques escindidos).

El impacto del reemplazo en Río Seco

• Mantenimiento del número: Al tratarse de un legislador departamental uninominal, la renuncia de Flores no modifica el reparto de fuerzas. La banca será ocupada por su suplente legal electa en la lista de Hacemos Unidos por Córdoba, preservando los 33 votos del oficialismo.

• Cierre de una hendidura: Con Flores de licencia, el bloque oficialista quedaba expuesto a sesionar con 32 legisladores efectivos si la oposición forzaba votaciones clave. La jura de la banca suplente restituye el número pleno.

Mecanismos de desempate y negociación

La reposición formal de la banca le permite al oficialismo provincial recuperar la disciplina numérica de cara al debate del presupuesto y las leyes económicas del segundo semestre.

El detonante judicial La salida de Flores se aceleró tras la detención e imputación de su exasesor directo en la Legislatura, José Aníbal Ricardo Villarreal (alias «Hachazo»), en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de grooming y abuso sexual de menores en el norte cordobés (departamento Río Seco). A medida que la fiscalía sumó imputaciones y testimonios a la causa, la vinculación funcional y política con el legislador volvió insostenible su permanencia.

El costo político para el oficialismo
Descompresión interna: Aunque Flores había solicitado inicialmente una licencia para apartarse temporalmente del recinto, el costo político para la gestión de Martín Llaryora y la coalición oficialista crecía semana a semana.
Presión de la cúpula partidaria: Referentes de peso del peronismo cordobés exigieron una definición tajante para evitar que el escándalo impactara de lleno en la imagen del Gobierno provincial.

La presión de los bloques opositores
La oposición (con bloques como Juntos por el Cambio, la UCR y el Frente Cívico) ya había presentado pedidos de expulsión y comisiones investigadoras para tratar la remoción de Flores en el recinto. Con una Unicameral donde el oficialismo tiene una paridad muy ajustada, mantener una banca en licencia con semejante costo mediático amenazaba con trabar el funcionamiento parlamentario de las próximas sesiones.
Situación institucional y próximos pasos En su carta de dimisión, Flores afirmó que deja el cargo «con la conciencia tranquila» y calificó las acusaciones como una campaña de desprestigio. El cuerpo legislativo tratará y aceptará formalmente su renuncia indeclinable en la sesión ordinaria de esta semana, habilitando la asunción de su reemplazo por el departamento Río Seco y cerrando el frente parlamentario directo para el Ejecutivo.

• Motivo del descabezamiento: El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, junto al jefe de Policía Marcelo Marín, ordenó remover a toda la cúpula de la Departamental Río Seco con el objetivo de dar una señal institucional y restablecer la credibilidad en la región tras la gravedad del caso.

• Avances judiciales y detenciones: La causa ya cuenta con 15 personas imputadas y 14 detenidos. Entre las aprehensiones más recientes figura un efectivo policial (Juan Cruz Cejas Bustamante), quien prestaba servicios en Córdoba capital, además de un exasesor legislativo.

• Alcance de la investigación: La causa indaga delitos de captación digital (grooming), abuso sexual y distribución de material explícito contra menores en el norte cordobés. Se realizaron múltiples allanamientos en Villa de María de Río Seco y dependencias sanitarias para recabar pruebas complementarias.

• Revisión interna: En paralelo al recambio de autoridades, se instruyó al Tribunal de Conducta Policial para auditar y determinar si existieron irregularidades o inacción ante denuncias previas realizadas en años anteriores en esa misma jurisdicción.