El detonante judicial La salida de Flores se aceleró tras la detención e imputación de su exasesor directo en la Legislatura, José Aníbal Ricardo Villarreal (alias «Hachazo»), en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de grooming y abuso sexual de menores en el norte cordobés (departamento Río Seco). A medida que la fiscalía sumó imputaciones y testimonios a la causa, la vinculación funcional y política con el legislador volvió insostenible su permanencia.

El costo político para el oficialismo
Descompresión interna: Aunque Flores había solicitado inicialmente una licencia para apartarse temporalmente del recinto, el costo político para la gestión de Martín Llaryora y la coalición oficialista crecía semana a semana.
Presión de la cúpula partidaria: Referentes de peso del peronismo cordobés exigieron una definición tajante para evitar que el escándalo impactara de lleno en la imagen del Gobierno provincial.

La presión de los bloques opositores
La oposición (con bloques como Juntos por el Cambio, la UCR y el Frente Cívico) ya había presentado pedidos de expulsión y comisiones investigadoras para tratar la remoción de Flores en el recinto. Con una Unicameral donde el oficialismo tiene una paridad muy ajustada, mantener una banca en licencia con semejante costo mediático amenazaba con trabar el funcionamiento parlamentario de las próximas sesiones.
Situación institucional y próximos pasos En su carta de dimisión, Flores afirmó que deja el cargo «con la conciencia tranquila» y calificó las acusaciones como una campaña de desprestigio. El cuerpo legislativo tratará y aceptará formalmente su renuncia indeclinable en la sesión ordinaria de esta semana, habilitando la asunción de su reemplazo por el departamento Río Seco y cerrando el frente parlamentario directo para el Ejecutivo.