Espera recaudar $180.000 millones para financiar el pago de $94.000 para trabajadores no registrados. Incluirá a las entidades que hayan registrado un resultado de $600 millones o más, indicó la AFIP.
Sergio Massa, en una reunión con banqueros, en marzo pasado
La AFIP estableció un pago a cuenta para las empresas que declaren como actividad principal la “intermediación financiera y servicios de seguro” o se encuentren registrados como Proveedores de Servicios de Pago (PSP) ante el Banco Central, informó la AFIP este jueves.
Se tratará de un adelanto del 15% para un universo de unas 100 entidades financieras y aseguradoras, por el que el fisco espera recaudar unos $180.000 millones
La normativa fue publicada este jueves en el Boletín Oficial. “La medida comprende a las empresas que en su declaración jurada hayan informado un resultado impositivo que sea igual o superior a $600.000.000 sin aplicar la deducción de los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores”, indicaron desde el organismo tributario.
“Para ello se deberá considerar la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al: período fiscal 2022: en el caso de que el cierre de ejercicio hubiera operado entre los meses de agosto y diciembre de 2022, ambos inclusive. Período fiscal 2023: cuando los cierres de ejercicio hubieran operado entre los meses de enero y julio de 2023, ambos inclusive”, detallaron.
“El monto del pago a cuenta se determinará aplicando la alícuota del 15% sobre el Resultado Impositivo -sin aplicar la deducción de los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores conforme la ley del tributo- del período fiscal inmediato anterior a aquel al que corresponderá imputar el pago a cuenta”, indicó la AFIP. Desde las cámaras de las entidades involucradas en la medida, consultadas por Infobae, no hicieron comentarios ni emitieron comunicados oficiales.
El pago de ese 15% deberá ser realizado, según la resolución de AFIP, en tres pagos iguales, cuyos días límite dependerán de qué período incluya el cierre del ejercicio para cada compañía. Para los casos en que ese cierre sea entre agosto 2022 a abril de 2023, los tres pagos tendrán lugar el 23 de octubre, el 22 de noviembre y el 22 de diciembre. Con cierre en mayo de 2023 serán el 22 de noviembre, 22 de diciembre y 22 de enero. Si fuese en junio de 2023 pagarán el 22 de diciembre, 22 de enero y 22 de febrero y para los casos con cierres a julio de este año, 22 de enero, 22 de febrero y 22 de marzo.
“Las obligaciones del Estado Nacional en materia económica exigen la adopción de herramientas que coadyuven a la redistribución progresiva de los ingresos, en aras de reducir las desigualdades y proteger a personas y grupos que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad”, explicó la AFIP en los considerandos de su resolución. Sergio Massa había asegurado, cuando anticipó la medida, que esos sectores habían sido los beneficiados por la devaluación post PASO.
“Que, en esa coyuntura, con el objeto de sostener el impulso redistributivo de la política fiscal y frente a la manifestación de elevada capacidad contributiva de ciertos sectores económicos, razones de administración tributaria y equidad tornan oportuno establecer un pago a cuenta”, planteó el organismo tributario.
El cobro del anticipo apuntará a aquellos bancos, fintech y compañías de seguros que hayan registrado un resultado de $600 millones o más en sus balances
El Ministerio de Economía anunció la puesta en marcha de ese anticipo de Ganancias -una medida que ya había implementado en ocasiones anteriores- para hacer frente al costo fiscal que representará para el Estado el pago del bono a trabajadores informales, que será de dos cuotas de $47.000 a pagar a mediados de octubre y de noviembre.
El cobro adelantado de Ganancias fue una de las opciones que puso sobre la mesa el Gobierno para financiar el paquete de medidas que anunció desde las elecciones primarias y tras las devaluación del 14 de agosto. Sin contar el bono de $94.000 para trabajadores en la informalidad (cuyo alcance será superior a las 2 millones de personas), el costo fiscal estimado por consultoras privadas asciende a 2,4 billones de pesos.
Para ese paquete de medidas el Poder Ejecutivo necesitará encontrar otras alternativas de financiamiento. Una de ellas provendrá de las emisiones de deuda en pesos que tuvieron lugar a lo largo de septiembre. Fueron tres -una de ellas fuera de la agenda original- en las cuales el Ministerio de Economía consiguió unos 1,2 billones de pesos, lo que representaría entonces cerca de la mitad del costo fiscal total.
